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Padres
y madres procedentes de diferentes continentes, con distintas
culturas,
con variadas religiones y con experiencias no coincidentes, reunidos
en Zaragoza, en el I Congreso Mundial de asociaciones de padres y
madres, debatieron y pusieron en común cuáles han de ser los valores
universales que deben presidir la educación del siglo XXI para un
mundo mejor. Por encima de las diferencias sociales, políticas,
culturales o religiosas, existe una voluntad común de padres y
madres para construir un discurso en positivo, a favor de la persona
y, en concreto, de la formación de nuestros hijos, concluyendo con
la Declaración de Zaragoza 2008 por la Educación.
La
Declaración de Zaragoza 2008 por la Educación ha sido consensuada y
suscrita por los representantes de todas las Organizaciones que
representarán a padres y madres de todo el mundo. Por primera vez
padres y madres de los cinco continentes, suscriben un documento que
aspira a recoger un marco compartido de principios y valores que
ayuden a construir un mundo mejor, por otra parte uno de los
objetivos que Calasanz aporta a la Educación actual.
Declaración de
Zaragoza 2008 por la educación
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Los padres tienen derecho prioritario y preferente a educar a
sus hijos de acuerdo con sus principios y convicciones morales,
filosóficas, religiosas o pedagógicas y, por tanto, a escoger el
tipo de educación y de centro que desean para sus hijos. Ninguna
otra instancia tiene legitimidad para usurpar este derecho ni
para imponer un adoctrinamiento moral e ideológico.
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Todas las personas tienen derecho a recibir una educación de
calidad en
libertad
que les permita mediante su propio esfuerzo alcanzar su
autonomía personal y su realización integral para el acceso a un
trabajo digno que debe repercutir en beneficio propio de la
familia y la sociedad.
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Todas las familias tienen un deber moral de solidaridad para que
los hijos de las más desfavorecidas puedan tener acceso
inmediato a la educación universal primaria. A tal efecto
consideramos que deben asumir el compromiso de cooperar
individualmente o mediante sus asociaciones y exigir a sus
respectivos gobiernos la necesaria colaboración internacional
para alcanzar lo antes posible este derecho universal que
permita erradicar la pobreza y el trabajo infantil.
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La educación debe buscar la felicidad, la justicia, el bien, la
verdad y la tolerancia y construirse sobre la base de valores
compartidos como la paz, la solidaridad, la responsabilidad
social, el esfuerzo, el compromiso, el diálogo y la
trascendencia. Ningún ciudadano rectamente formado puede
permanecer ajeno o indiferente frente a la pobreza o la
ignorancia padecida por otros con quienes tiene un deber de
solidaridad universal.
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El pluralismo educativo es un valor fundamental inherente a la
educación y supone la diversidad de opciones que caben en una
sociedad libre y democrática donde todos los individuos pueden
ser distintos en ideología, raza, sexo o religión pero son
iguales en dignidad y derechos. Este pluralismo se garantiza,
entre otras formas, a través del derecho de los centros a
ofrecer un ideario educativo propio.
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Es necesaria una activa y continuada colaboración y
participación de las familias en el proceso educativo de los
hijos así como el respeto y apoyo al profesorado para que la
escuela pueda potenciar el esfuerzo individualizado del alumno
para lograr la excelencia educativa.
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Los centros de
enseñanza y autoridades educativas deberán actuar bajo los
principios de evaluación objetiva, transparencia y rendición de
cuentas que permitan conocer a los ciudadanos la marcha y el
nivel de cada escuela para hacer efectivo el derecho de elección
de centro para subsanar las deficiencias o la falta de calidad
en cuanto estos se produzcan.
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Todas las familias con hijos en edad escolar deben comprometerse
a una
mayor
participación e implicación en el proceso educativo a través de
las asociaciones de padres y madres de alumnos que deberán
contar con medios suficientes facilitados por las
administraciones públicas para ejercer su labor de defensa de
los derechos de los padres y su formación con la adecuada
competencia y profesionalidad.
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Ningún gobierno democrático puede discriminar a las familias
imponiendo la obligatoriedad de que sus hijos cursen estudios en
una escuela gubernamental, sostenida con fondos públicos o de
titularidad privada. Tampoco puede obligar a que los alumnos
asistan a una escuela mixta o a una deferencia por sexos, ni
imponer una enseñanza laica o fundada en valores religiosos si
no es de conformidad con la voluntad de los padres.
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Consideramos valores fundamentales propios de una correcta
educación, además de la formación intelectual, la formación
física o deportiva de los alumnos, la enseñanza de idiomas y las
nuevas tecnologías, que deben ser objeto de aprendizaje en todos
los centros.
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En un mundo globalizado los alumnos deben aprender a convivir
respetando la diversidad y pluralidad de culturas, la
sostenibilidad ambiental, ideas y creencias de los demás sin que
ello suponga menosprecio o renuncia de las propias, esforzándose
activamente en la integración de los más débiles o necesitados.
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Ratificamos en lo relativo a la educación lo dispuesto en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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